Existe una gran incertidumbre sobre cómo se controlarán y mitigarán los posibles impactos adversos al ambiente con la reforma energética recién aprobada, dado que México carece de instrumentos legales que regulen la industria del fracking.
El 15 de diciembre de 2015, fue aprobada la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. Esta Ley representa un riesgo para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión en el marco de las protestas sociales y limita la transparencia en el sector energético, así como la garantía efectiva del derecho de acceso a la información. Además, incluye una serie de modificaciones a disposiciones del Código Penal Federal.
En el marco de la COP21, organizaciones de la sociedad civil de América Latina pidieron a las/os líderes mundiales reunidos en París prohibir las operaciones de fracking en sus países porque éstas, al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, van en contra del objetivo central de las negociaciones: frenar el calentamiento del planeta.
París, Francia. En un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas “para enfriar el planeta” debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta.
