La técnica de exploración y extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales conocida como fractura hidráulica o fracking, emplea grandes volúmenes de agua con un coctel de químicos y agentes apuntalantes sumamente tóxico, que se inyecta a presión en los pozos perforados para romper las rocas de los yacimientos poco permeables donde están atrapados el gas y el aceite o petróleo. Como resultado de este proceso, donde son frecuentes fugas, filtraciones y derrames y no está garantizado el manejo y disposición adecuada del fluido de retorno, el agua subterránea y superficial termina contaminada de manera irreversible, las emisiones de metano se multiplican y contribuyen a acelerar el cambio climático. Asimismo, la suma de los efectos negativos sobre agua, aire, suelo, subsuelo, tierras de cultivo y pastura, biodiversidad, salud y condiciones de vida de las personas, ocasiona impactos ambientales irremediables y severas afectaciones sociales que conducen a violaciones de derechos humanos tanto de las generaciones presentes como futuras.
Es por ello que desde los meses previos a la aprobación de la reforma energética impulsada en la administración de Enrique Peña Nieto, y hasta la fecha, la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) promueve la prohibición y no la regulación de la fractura hidráulica en México. Tras las elecciones federales de julio de 2018, que dieron el triunfo presidencial a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con la mayoría en el Congreso, el cuestionamiento del fracking se ha expresado por primera vez desde el poder. No obstante, la contundencia discursiva es insuficiente para materializar su prohibición, toda vez que el marco legal e institucional establecido con la reforma energética del sexenio pasado sigue vigente, favoreciendo el avance de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos basados en esta técnica.
El presente artículo explora los llamados que hicimos
organizaciones de la sociedad civil mexicana y latinoamericana a organismos
internacionales sobre las implicaciones ambientales y de derechos humanos del
fracking de 2018 al primer cuatrimestre de 2019. También hace un recuento de lo
sucedido en México en el mismo período en términos de legislación,
normatividad, decisiones de política pública y presupuesto relacionados con el
fracking, concluyendo con algunas recomendaciones al Estado mexicano.
- Artículo elaborado por Areli Sandoval de Espacio DESCA, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, para el Anuario 2018 de Fundar, Centro de Análisis e Investigación: “Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T”. México, 2019, páginas 58-87.
