Las medidas adoptadas ante la pandemia, como la reducción en el número de vuelos, el cierre de industrias y el confinamiento de las personas, han ocasionado una disminución en la demanda de hidrocarburos a nivel internacional que, junto con otros factores como la sobreproducción y la especulación asociada a los contratos de petróleo, ha repercutido en la caída en los precios del crudo y generado pérdidas en las principales compañías petroleras. El día 20 de abril, por primera vez en la historia, el petróleo de referencia en Estados Unidos cotizó en negativo, mientras los mares de todo el mundo se llenan de barcos de almacenamiento de crudo y los proyectos de energías extremas se caen a pedazos por sus altos costos, incompatibles con los precios actuales.
El fracking requiere todavía de mayores inversiones y, para ser viable, un mercado
que le ofrezca precios altos. Además, sus impactos sociales y ambientales
no se contabilizan en sus costos de producción. Es inviable basar la
matriz energética y el ingreso fiscal de nuestros países en los
supuestos ingresos que produciría esta técnica porque, más allá de
los precios actuales, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace
imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos.
El planeta sufre una crisis de mayores dimensiones: la climática, cuyos impactos se agudizarán si se decide seguir por la ruta de la dependencia de los hidrocarburos y la autorización del fracking. Los orígenes de la crisis climática y la pandemia que vivimos son comunes: la destrucción de los ecosistemas por formas de vida y de economía insostenibles. Quienes promueven los hidrocarburos muestran una vez más su insensatez, especialmente en momentos difíciles como el que vivimos, que exhiben al extractivismo actual como el generador de territorios de sacrificio, que vuelca sobre los más vulnerables los pasivos ambientales, extingue pueblos indígenas, destruye la biodiversidad y alimenta la violencia que sofoca a pueblos y asesina a sus defensoras y defensores.
Para salir de ambas crisis, es necesario iniciar una transición energética
justa y democrática en Latinoamérica y dejar la mayor parte de los
combustibles fósiles en el subsuelo. La salida no está en los rescates o
inversiones en empresas -públicas o privadas- que exploten hidrocarburos.
Nuestros diversos y riquísimos países cuentan con fuentes alternativas de
producción y usos sustentables de energías sin necesidad de seguir
calentando el planeta y destruyendo los ecosistemas de los que somos
parte. La transición energética es una oportunidad para la democracia, la
justicia y la paz, y nuestra garantía de condiciones de vida saludables
para el futuro.
En muchas regiones del mundo se ha prohibido el fracking y se ha evidenciado
su inviabilidad ambiental y económica. En Latinoamérica debemos también
impedirlo y apostar por la transición energética justa. Somos una región
megadiversa, sabia y creativa, con infinitas posibilidades de diversificar
la economía de forma sólida y estable, de tal forma que regenere los
territorios y nos proteja de eventos climáticos y pandemias. Esta es la
mayor exigencia de nuestros tiempos; por cada una de las personas, por las
comunidades y pueblos, por los niños, las niñas y las
próximas generaciones: ¡no al fracking, sí a la transición!
