Existe una gran incertidumbre sobre cómo se controlarán y mitigarán los posibles impactos adversos al ambiente con la reforma energética recién aprobada, dado que México carece de instrumentos legales que regulen la industria del fracking.
De acuerdo con el texto publicado en diciembre, titulado «¿México está preparado para la fracturación hidráulica?» y escrito por Omar Arellano Aguilar, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y vicepresidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), no sólo se corren riesgos por la contaminación de las fuentes de agua potable o superficiales, sino por otros factores relacionados con el proceso de extracción.
El académico publicó en el sitio de la UCSS que es claro que en México no existen actualmente las condiciones de seguridad necesarias para prevenir los riesgos y daños ocasionados durante la explotación del gas shale.
Por esto, recomienda fortalecer el marco regulatorio para la protección y prevención de riesgos ambientales relacionados con la fracturación hidráulica, fortalecer los mecanismos de vigilancia ambiental, y verificar que se haga un buen uso por parte de la industria.
«Es fundamental que las empresas que se incorporen en los próximos años a la extracción de gas shale elaboren un reporte completo de sus actividades, y que incluyan una lista de las sustancias que emplean, especificando el volumen de las mismas», dijo.
Antecedentes legales
El fracking en México tiene como antecedentes varios estudios realizados desde el 2010 por PEMEX y SENER, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estos estudios se han enfocado especialmente en el potencial de extracción de gas shale.
Sin embargo, en materia de regulación y protección al ambiente durante la extracción de hidrocarburos, los referentes son dos sistemas de administración para la seguridad, salud y protección ambiental de PEMEX, conocidos como Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA) y Sistema Integral de Administración de Seguridad y Protección Ambiental (SIASPA), que entraron en vigor en 1996 y 1997 respectivamente.
En el 2005, ambos sistemas se fusionaron para formar el sistema Pemex-SSPA, cuyos objetivos se centraron en adoptar un manejo adecuado de las instalaciones, de las metodologías o procesos y del factor humano, así como en identificar los riesgos relacionados con las actividades extractivas.
Actualmente sólo se cuenta con la Guía de criterios ambientales para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas como herramienta de regulación de la industria del fracking. Ante la falta de normas regulatorias específicas, la guía de criterios usa como referencia 17 normas oficiales mexicanas.
