Por Juan Alberto Hernández @JuanAlbertoHA
Con fecha del 25 de octubre, el periódico ABC de Monterrey publica que la senadora por Nuevo León Cristina Diaz visitó el sur de Texas para observar los campos de explotación de gas de lutitas. Ahí, según la nota, Diaz 
afirmó que “gas shale detonará economía de Nuevo León”. Esto podría resultar cierto, solo si cerramos un ojo y la mitad del otro, para no ver todos los factores presentes en la ecuación económica de la explotación del gas de lutitas. (Como la nota no indica ni una sola palabra sobre el riesgo ambiental de la fractura hidráulica, usemos argumentos económicos.)
El primer factor, sobre el cual, por cierto, la senadora no dice nada, es la falta de agua en nuestra región. Según el Instituto del Agua del Estado de Nuevo León, en el estado no existe disponibilidad de agua para nuevas concesiones. Al igual que el sur de Texas, el norte de Nuevo León presenta un clima de poca precipitación. En condados texanos sureños, el consumo de agua se ha incrementado fuertemente a raíz de la explotación de gas, algo similar se esperaría para los municipios norteños de Nuevo León. ¿De dónde se planea tomar los miles de millones de litros necesarios para el fracking en la región? ¿Cuál será el costo económico y social de proveer de agua a la industria de hidrocarburos y, dada la escasez, quitársela a poblaciones y productores agropecuarios?
Siguiendo la comparación con Texas, un estudio reciente de Harvard ha documentado que la cantidad de metano en la atmósfera en el sur de Texas es mayor a lo que se había estimado con anterioridad. Según el estudio, la explotación de gas y petróleo es una de las causas principales de la presencia alta de este potente gas de efecto invernadero. ¿Quién deberá pagar por los problemas a la salud ocasionados por éste y otros gases? El emitir más gases de efecto invernadero iría en contra de compromisos internacionales contraídos por México y sería una total irresponsabilidad, especialmente si se toma en cuenta que Nuevo León está en alto riesgo por el calentamiento global, como lo indica un estudio reciente de la empresa de análisis de riesgo Maplecroft.
Con la fractura hidráulica viene una gran cantidad de camiones y equipo que requiere de infraestructura para circular. Los caminos rurales de Nuevo León serían utilizados de forma intensiva. ¿Quién pagaría por crear y mantener esas vías de comunicación? ¿Sería el erario público estatal o municipal, o las empresas mediante un impuesto especial a su actividad?
Es necesario tener en cuenta que la explotación del gas de lutitas es una actividad económica temporal, cuyos costos, sin embargo, se pagan también en el futuro lejano. Mientras que la extracción del hidrocarburo decae rápidamente, los costos del manejo del agua residual, de la reparación de daños por contaminación de suelos y aire, y los costos en infraestructura se pagarán por décadas o hasta siglos. Sería una grandísima injusticia que esos costos fueran saldados por la población o las cuentas públicas, y no por las empresas que reciban las ganancias de la venta del gas, haciendo imperativo un impuesto alto a la explotación de gas de lutitas, como compensación al gasto público.
Dados los costos ya mencionados y los bajos precios del gas en el futuro, la realidad es que en términos económicos globales, considerando todos los factores, la explotación del gas de lutitas no es redituable para la sociedad en su conjunto.
Por las características y los efectos de la técnica del fracking, al final de cuentas, es cierto que el gas shale traería detonaciones a Nuevo León, sin embargo, no un impulso real a la economía.
