La Suprema Corte de Justicia de la Nación encargó la coordinación del presente protocolo al Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas (Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM) y a la Lic. Maria Silvia Emanuelli (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina). Este documento es el resultado de una construcción colectiva de diversos especialistas.
El modelo de desarrollo en México de neoextractivismo va acompañado de enormes inversiones en materia de transporte (puertos, carreteras, corredores bioceánicos), energía (hidroeléctricas, centrales eléctricas de ciclo combinado), agua (grandes presas y trasvases entre regiones) y por supuesto la explotación de recursos minerales, forestales y genéticos. Frente a este escenario y tomando en cuenta que se trata de un nuevo contexto en el que pueden producirse violaciones de derechos humanos, casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura empiezan a presentarse ante los órganos de justicia, tendencia que sin duda irá en aumento considerando la cantidad de proyectos de esta naturaleza que están en proceso en el país. Tomando esto en cuenta, se consideró pertinente acercar a las y los juzgadores información al respecto, de manera particular los referentes interpretativos y jurídicos que deben tomarse en cuenta, que les permitan actuar con muchos más elementos frente a la posible vulneración de derechos que pueda ser generada por la planeación e impulso de proyectos de desarrollo e infraestructura.
